Campos de Moya, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), y Rafael Blanco Canto, pasado presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), consideraron correcta la decisión del presidente Danilo Medina de designar, mediante decreto, una comisión integrada por notables para investigar todo lo relativo al proceso de licitación y adjudicación del contrato para la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.Dijeron esperar que el proceso investigativo que hará esa comisión, al igual que el realizado por el Ministerio Público, llegará hasta las últimas consecuencias a fin de aclarar todo lo que tiene que ver con la ejecución de ese complejo energético.
Campo de Moya consideró que con la conformación de esa comisión investigadora a cargo de personas de mucho prestigio, el presidente Danilo Medina demuestra una vez más su interés de que en su Gobierno las cosas se manejen con total transparencia.
Argumentó en este sentido que dicha iniciativa debería ser respaldada por los distintos sectores que conforman la sociedad civil, ya que el único objetivo que se busca es establecer si hubo o no transparencia en el proceso de adjudicación de la obra a la empresa Odebrecht, objeto de cuestionamientos en la República Dominicana y otros países.
Mientras que Rafael Blanco Canto considera acertada la decisión del Poder Ejecutivo de conformar una comisión presidida por monseñor Agripino Núñez Collado, para investigar todo lo relativo al proyecto eléctrico de Punta Catalina.
También dijo confiar en que los resultados de esas investigaciones, al igual que las realizadas por la Procuraduría General de la República, sean llevadas hasta las últimas consecuencias y que si se comprueba hubo dolo, los responsables sean traducidos a la justicia.
El pasado martes, el presidente Danilo Medina designó mediante decreto 619-2017, una comisión cuya misión es investigar el proceso de licitación y adjudicación de las plantas termoeléctricas Punta Catalina a la constructora brasileña Odebrecht, empresa que ha sido cuestionada por diferentes sectores por el presunto pago de US$92 millones en sobornos a funcionarios dominicanos en el período 2001 y 2014.
El rol de esa comisión nada tiene que ver con la investigación que realizará la Procuraduría General de la República, precisó al respecto el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.
La referida comisión está integrada por monseñor Agripino Núñez Collado, en representación de la Iglesia Católica; Jorge Alberto Reynoso, pastor evangélico; Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); José Luis Corripio Estrada, empresario privado; Gabriel del Río Doñé, dirigente obrero; Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), entre otros.
Fuente: El Hoy